Casi el 40 por ciento de los condenados y el 37 de los procesados por la Justicia Federal están relacionados a la tenencia para consumo o comercialización de estupefacientes. Una tendencia constante en los últimos años.
Mirar los escenarios que parecen erigirse repentinamente en ciudades como Rosario y otras extensiones geográficas del país, donde la droga irrumpe modificando el ambiente urbano, es un fenómeno que está en la mira de la Justicia Federal desde la década del 60 del siglo pasado, pero que toma vigor en los últimos años.
“Si hay tráfico es porque hay consumo” o lo que es lo mismo “no hay oferta si no hay una demanda”, son las viejas frases que se escuchan en los pasillos de los tribunales que en las últimas décadas hasta reinventaron procesos, reconfiguraron delitos y competencias ante la evidencia de que en la Argentina no solo hay una demanda sostenida sino creciente de sustancias prohibidas, situación que demanda una actitud judicial más activa.
El ámbito penitenciario federal lo refleja dentro de la población carcelaria de su jurisdicción, donde tanto los detenidos como los procesados por delitos vinculados a las drogas son mayoría entre los internos. Un 39,7 por ciento si se trata de los internos que ya tienen una condena firme y un 37,2 si se trata de procesados que esperan una resolución judicial privados de la libertad.
Los números sorprenden si se tiene en cuenta que el dato que le sigue son delitos contra la propiedad, y muy lejos se apuntan los de tipo administrativo o contra la integridad de las personas.
El dato es confirmado por la Fiscal Federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, quien aseguró que el incremento de los detenidos tiene que ver con “todo lo que se está haciendo, los procedimientos y acciones que se realizan desde la órbita judicial para reprimir y perseguir el delito”.
Carmona señaló también que “hay un cambio de mirada, que lleva a ser más severos con la persecución del delito que afecta la salud pública”.
“Hay un cambio de mirada, que lleva a ser más severos con la persecución del delito que afecta la salud pública”.
Fiscal Carmona
Para la abogada penalista Soledad Varas, “hay momentos en los que los controles son más laxos y otros en los que se endurecen, son más contundentes y esto se nota en los operativos que se despliegan desde los distintos organismos vinculados con la lucha contra el narcotráfico”. Para la letrada, en los últimos meses se nota más rigurosidad.
Edad de los delincuentes
En cuanto a las edades de los que infringen la ley 23717, el grueso en los dos grupos se encuentra entre los 30 y los 40 años, seguido por los mayores de la década siguiente es decir los que están entre los 40 y los 50 años, y un poco por debajo se ubican los menores de 30 años. En tanto que es menos frecuente la participación en estos delitos de personas mayores de 50 años.
La psiquiatra Silvia Fernández, que dirige el Centro de Rehabilitación Abitus, confirma esta tendencia al precisar que “si bien las edades de las personas que consultan oscilan entre los 17 y los 45 años, ha sido predominante en éste último tiempo la demanda por tratamiento de personas entre los 24 y 45 años”, por lo que la franja etaria con mayores complicaciones se ubica en este sector.
«Ha sido predominante en éste último tiempo la demanda por tratamiento de personas entre los 24 y 45 años”,
Psiquiatra Fernández
Procedencia
En cuanto a la nacionalidad de los internos, el 89 por ciento de los condenados y el 79 de los procesados son ciudadanos argentinos, en tanto que los procedentes de los países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, representan el 7 y el 11 por ciento respectivamente en cada uno de los estadios judiciales.
En tanto que el estrecho margen restante del 3 y el 7 por ciento se desagrega en ciudadanos procedentes de países del resto de Latinoamérica y un escaso 1 y 3 por ciento está integrado por personas de nacionalidades del resto del mundo.
El índice también da por tierra las especulaciones que circulan en la opinión pública, con sesgos xenófobos o raciales, que tienden a sostener la idea de que las cárceles argentinas están llenas de extranjeros.
Actividad de varones
Los delitos vinculados con la tenencia de drogas o narcotráfico, aparece casi como exclusivo de los varones ya que el 91 por ciento de los condenados y el 90 por ciento de los procesados, son de ese grupo, y el resto mujeres. En tanto, las personas que se declara como no binario y no responde a identidad sexual alguna son un grupo muy minoritario dentro de la población carcelaria federal que se encuentra detenida por delitos vinculados con drogas.
Desocupados en el ojo de los narco
La problemática atraviesa a toda la sociedad, pero claramente el sector más afectado son los desocupados o subempleados (changarines, cartoneros, limpia vidrios, lava autos, entre otros) que aparecen claramente como los más vulnerables a incursionar en este delito.
Otro dato relevante es la participación de empleados o sea personal en relación de dependencia de diferentes rubros, seguido por aquellos que se dedican al comercio y las ventas, gente vinculada al rubro de la construcción y también aparecen integrantes de las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales.
En ambos cados menos de un tercio de la población carcelaria se distribuye en personas con actividades tan variadas que van desde músicos, docentes, mecánicos, diseñadores, técnicos informáticos, maquinistas, transportistas, peluqueros, etc.
Mano dura
Según la fiscal Carmona, en los últimos años se ha profundizado la lucha contra el narcotráfico en el país y por lo tanto se realizan más procedimientos y la Justicia es más rigurosa en las investigaciones, operativos y actuaciones y por ello el reflejo que tiene esta realidad en la población carcelaria.
La funcionaria, que en los últimos años ha tenido una destacada actuación hasta para investigar y procesar hasta a un colega su propia dependencia. Se trata del auxiliar fiscal en el sistema judicial Federal de La Rioja que desde 2023 enfrenta graves cargos por corrupción, abuso de poder y otros actos indebidos, aunque antes estuvo involucrado en la desaparición de documentación probatoria en una megacausa por delitos de lesa humanidad que involucraban al general Cesar Milani.
Desde la firma de la convención de 1961, se viene luchando a nivel internacional con este tema que se presenta en forma preocupante en la sociedad contemporánea. En Argentina en el año 1974 se dictaron las primeras leyes contra el narcotráfico y desde el año 2005 la ley 26052 promueve de la desfederalización. En estos 19 años solamente 7 provincias –Salta, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron a la ley que apunta básicamente a la persecución del narco menudeo por parte de la justicia ordinaria.
Carmona señaló, que además lo que preocupa en la actualidad son “los delitos conexos al narco tráfico que se expresan con mucha violencia y agresividad, cuando las bandas narco se disputan territorios de comercialización en los que todos compiten por tener exclusividad y repelen todo tipo de interferencia”.
La provincia de La Rioja se vio conmocionada en los últimos dos meses por crímenes vinculadas a bandas narcos. Ambos casos se dieron en el mes de febrero y marzo en el departamento Chilecito, en el Oeste de la provincia. El primero tuvo como víctima a un niño de 12 años y el otro a un hombre de 31 que fue brutalmente golpeado y posteriormente recibió disparos en su cuerpo.
Políticas públicas
“Es un fenómeno complejo que atraviesa a la sociedad en la que se radica y se esparce no sabemos cómo”, apuntó la penalista Varas, que indicó que los resultados de los procedimientos judiciales tienen que ver con las políticas públicas que se despliegan desde el Estado, aunque señaló algunas falencias como la falta de equipamientos tecnológicos, sistemas de rastreos virtuales, disponibilidad de recursos humanos entrenados para la tarea y más controles en los puestos camineros para tener más contundencia contra el narcotráfico.
“Hoy la droga se vende por internet y eso requiere de un trabajo de inteligencia muy afinado para no ir corriendo siempre detrás de los acontecimientos”, indicó.
«Los más vulnerables porque son los que salen a robar para poder consumir y al mismo tiempo son víctimas de las redes narcos»
Abogada Penalista Varas
En este marco precisó que siempre los sectores más pobres resultan los más vulnerables porque “son los que salen a robar para poder consumir y al mismo tiempo son víctimas de las redes narcos porque los usan como agentes de distribución para expandir el consumo”. Y agrega: “ellos son los que caen, porque los líderes, los jefes nunca aparecen”
La proliferación de casos vinculados a este narco menudeo, es una realidad de los últimos años, por lo que además la letrada advierte sobre “la connivencia de personal vinculado a las fuerzas de seguridad, sin la cual no sería posible por ejemplo la presencia de droga en los distintos penales o la falta de controles en los puestos camineros”.
Más pacientes
En las instituciones que se dedican a la recuperación de adictos, también ven crecer el consumo de sustancias sobre todo después de la pandemia y apuntan a la accesibilidad existente en el entorno.
“Atendemos chicos y chicas muy jóvenes que acuden con un problema que escala en pocos meses, la mayoría advertidos por sus padres o el entorno más cercano”, advierte con preocupación la psiquiatra Fernández que trabaja hace más de 15 años en La Rioja con pacientes de la región.
En la residencia no se aceptan personas “judicializadas”, porque hay que garantizar un marco de convivencia al que tienen que adaptarse todos los internos, no son pocos los casos en los que las personas que llegan para encarar un tratamiento lo hacen porque han recibido una advertencia de la justicia.
“Atendemos chicos y chicas muy jóvenes que acuden con un problema que escala en pocos meses, la mayoría advertidos por sus padres o el entorno más cercano”
Psiquiatra Fernández
“Si bien no son graves porque de lo contrario estarían detenidos, si hay quienes reflexionan cuando la misma necesidad de consumo lo lleva a hacerse de cosas ajenas para costear el consumo”, señala la profesional.
El último informe de la clínica indica que “los diagnósticos psicopatológicos de los mismos son compatibles con desregulación emocional en un contexto de Consumo problemático de sustancias psicoactivas, (benzodiacepinas, cocaína, marihuana y alcohol). También se observa desde hace un año a esta parte un aumento en el consumo de cocaína pipeada (fumada)”.
Desfederaclización
El 22 de marzo pasado, Procuradores y Fiscales de todo el país reunidos en Neuquén se manifestaron a favor de impulsar la desfederalización que establece la Ley 26.052, para fortalecer desde las provincias las investigaciones por comercialización y distribución de drogas a baja escala.
“Observamos como prioritario que los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinciones ideológicas o partidarias, asuman políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales”, expresaron en un documento conjunto.
Si se avanza en la implementación de esta ley, en los próximos años habrá que ir añadiendo a los detenidos en las jurisdicciones locales a las estadísticas federales, ya que ambas contribuirán a la persecución del mismo delito.
