Un mercado laboral exigente con condiciones cada vez más precarias. ¿Cuál es el rol del Estado? El caso del Programa Primer Paso, iniciado en la Provincia de Córdoba, es un caso exitoso de política pública para mitigar los efectos de la creciente precarización laboral.
Tener trabajadores precarizados es un fenómeno en alza en el país, según lo demuestran las estadísticas publicadas por el actual Ministerio de Capital Humano del Gobierno de la Nación. De los conglomerados relevados hasta el tercer trimestre de 2023, el 62,9% de los trabajadores no registrados conforme a lo establecido por la ley, tiene entre 16 y 24 años. Le siguen el sector entre 25 y 49 años con 37,3% y un poco más lejos se ubican los mayores de 50 años, con el 27,6%.
Pero la situación laboral de la juventud es solo una parte del problema de la informalidad en Argentina que muestra números preocupantes. Según datos del INDEC, en 2015 la Argentina tenía solo el 24,9% de su economía “sumergida”. Sin embargo, para finales del 2020 los datos crecieron exponencialmente hasta casi duplicarse. En solo 5 años el número ascendió a 40,8% sobre el total de trabajadores en el sector privado. Uno de los datos más relevantes, y preocupantes, es en relación al nivel educativo: el 55,4% del total de los trabajadores que tiene estudios superiores o universitarios está en la informalidad. Situación que pone en jaque a la juventud en general, pero a los recién egresados en particular, que buscan sus primeras experiencias profesionales.
En este contexto, es indispensable pensar primero, sobre la necesidad de un debate político para llegar a algún acuerdo social, empresarial y, también, político a nivel nacional que busque revertir esta situación. Sin embargo, frente a la inexistencia de un debate nacional de éstas características, me parece oportuno señalar que sí hay abordajes locales, ya sean municipales o provinciales, que buscan dar respuesta a esta problemática. Este es el caso del Programa Primer Paso (también conocido como el programa «PPP»), creado en la Provincia de Córdoba a finales de los 90’. Está destinado a jóvenes entre 16 y 25 años de ambos sexos con el objetivo de formarlos profesionalmente a través de prácticas rentadas. Tiene una duración de 12 meses e incluye a personas con discapacidad, trasplantadas, en recuperación de adicciones y libertad asistida, para las cuales no hay cupo ni límite de edad. Para conocer más, hablamos con un excolaborador dentro del programa programa «PPP» quien estuvo trabajando en este proyecto durante ocho años.
El entrevistado contó a este medio que en los últimos años ha tenido entre 12 y 15 mil beneficiarios anuales y que “tiene aceptación y alcance a nivel provincial”. Consultado sobre los controles que se llevan a cabo desde el Estado para garantizar el buen funcionamiento del mismo explicó que, por un lado, se controla que el beneficiario cumpla con los requisitos necesarios “como no tener un trabajo en blanco al momento de solicitar el ingreso al PPP”. Con respecto a la empresa, “lo que se hace es un cruce entre las bases de datos a nivel municipal y provincial para estar al tanto de su situación fiscal y la cantidad de empleados en blanco que posee, ya que es requisito para poder calcular la cantidad de beneficiarios que puede recibir, entre otras cosas”.
Finalmente, ante la pregunta sobre si las empresas, luego de finalizado el período, están interesadas en una contratación permanente de ese empleado, respondió que hay diferentes casos: “Las empresas con perfiles profesionales IT, son las que suelen contratar las personas una vez finalizada las prácticas de 12 meses. Además, aquellas empresas que tienen más empleados son quienes, en promedio, contratan más personas en comparación a las pequeñas empresas.” Y agregó:
“Algo que es importante resaltar es que las personas con discapacidad pueden renovar por 12 meses más sus prácticas, algo que en general hacen las empresas”.
También hablamos con Alejo Lucarás, Licenciado en Comunicación Social, quien fue beneficiario del programa en 2018 y nos contó su experiencia: “Mi primera experiencia con el PPP fue en el periódico regional El Milenio el cual pertenecía a la misma institución en la que realicé mis estudios secundarios. Trabaje 1 año, lo que dura el propio «PPP». Recuerdo que al principio mi sueldo era de 3700 pesos y con la inflación y respectivos aumentos del programa llegó a ser de 5200 pesos”. Consultado sobre si el programa cumplió con su objetivo el joven de 25 años dijo que sí, pero que la empresa no cumplía con algunos requisitos del contrato “como las vacaciones, que eran mi derecho”. Además, sobre la posibilidad de continuación luego del programa el joven dijo: “Jamás tuve problema con los empleadores, fue una lástima que no haya quedado con un sueldo fijo. Pero como la mayoría de las veces, fue una empresa que prioriza gastar menos para tener talentos en su equipo.»
Finalmente, sobre qué la parecía el programa “PPP” como política pública expresó:
“Pienso que en el marco del abordaje de la inserción laboral es excelente. La verdad que me abrió una gran puerta que lamentablemente no suelen abrir en este tipo de rubro sin este tipo de programas.”
Sin embargo, se lamentó de que desde el Estado “no revisen constantemente la regularidad de estas actividades porque conocí a muchos otros beneficiarios que estaban en condiciones muy desfavorables.”
Y sentenció: “Entiendo que el salario en su momento era “lo justo” pero había otras cosas que no contemplaba cómo costear el transporte o los viáticos. Ni que hablar de que no poseen obra social. Pero ese es otro tema.”
